RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La actual coyuntura económica hace que las responsabilidades penales se adapten a una realidad cada vez más complicada. Como consecuencia de la crisis económica, se han endurecido las medidas de control global, así como la depuración de responsabilidades penales para las empresas, y en concreto para sus administradores.

De este modo, poco queda del Código de Comercio de 1885, del Derecho Mercantil o sobre todo, del Derecho de Sociedades Mercantiles debido a la gran transformación socioeconómica de nuestras propias sociedades humanas.

Es indudable el progresivo incremento del intervencionismo estatal en la economía y, de igual manera, en el funcionamiento de las empresas.

Es a partir de los años 70 y 80 cuando se destapan importantes escándalos de corrupción, lo que dio lugar al tópico de la ética de los negocios como solución para recuperar o salvaguardar la confianza pública en empresas y en el mundo financiero.

Todo ello nos ha llevado, a día de hoy, a lo que conocemos como autorregulación regulada, si bien, ya no basta con la imposición voluntaria por parte de las empresas, sino que las estructuras de autorregulación se condicionan externamente por los poderes públicos para posibilitarla, fomentarla y condicionar su desarrollo. Así, el Estado hace posible que por medio de unos estándares de autorregulación, las estructuras sean configuradas de modo que puedan satisfacer fines concretos o intereses públicos.

Así cobra sentido el programa de Compliance o Prevención Penal a través de la reciente Ley Orgánica de Reforma del Código Penal o, como denomina la propia Ley, “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”.

Así, la tendencia es que quien mejor conoce el funcionamiento de las empresas son los encargados de tratar de evitar la comisión de delitos penales, que no es otro que la propia organización empresarial. Como consecuencia de la adecuación de las empresas a la normativa, estas podrán verse recompensadas con la posibilidad de evitar o atenuar la responsabilidad criminal que pudiese tener lugar en el seno de la empresa.